En el marco del shock de inversiones, se asigna al Gobierno Regional de Puno la suma de S/. 17976089 nuevos soles destinados a la ejecución de 7 proyectos de Salud. Uno de dichos proyectos tenia como objetivo adquirir ambulancias para la región de Puno por la suma de S/. 2 421 000 nuevos soles a través de una compra corporativa realizada por el Ministerio de Salud.

En este contexto, el Gobierno Regional de Puno debió entregar al Director General de la Oficina General de Administración del Ministerio de Salud el monto correspondiente a la compra de 15 ambulancias, entre rurales y urbanas. Empero, el gobierno regional hasta el momento no ha hacho entrega del dinero pese a los reiterados requerimientos del Ministro de Salud, argumentando mediante oficio N°0123-2008-GR-PUNO/PR* de fecha 28.02.08 lo siguiente: “(…)no se comprometieron oportunamente los presupuestos  para la compra de ambulancias, a pesar de haberse requerido con oficio N°2584, lo que constituye una falta administrativa por lo que se esta implementando los correctivos del caso(…)”, con lo cual esta admitiendo la comisión irresponsable de una falta administrativa y evidenciando un manejo deficiente en la gestión de los fondos públicos que denotan un total desinterés de las necesidades de Puno. Ello queda corroborado por el documento presentado por el presidente regional en la sesión del 17.03.08 donde también admite la indicada falta administrativa.

Según la información proporcionada por el Sr. Fuentes Guzmán, la adquisición de las ambulancias igual se llevara a cabo en el 2008 mediante una compra individual. Sin embargo, la ventaja de participar de una compra corporativa salta a la luz, los precios son menores dada la compra en cantidad. En tal virtud, conforme lo señalan los oficios remitidos por el Ministerio de Salud al Gobierno Regional de Puno solicitando el envío del Cheque para que se ejecute la adquisición respectiva*, el Gobierno Regional contaba con los recursos para realizar dicha compra, esto es, la adquisición de las ambulancias  ya estaba presupuestada, por lo que no solo se constata la comisión de una grave falta administrativa sino la presunta comisión del delito de omisión de actos funcionales, tipificado en el artículo 377º del Código Penal, cuyo texto es el siguiente: “El funcionario público  que ilegalmente, omite, rehusa o retarda  algun acto de su cargo, será reprimido con pena  privativa  de la libertad de no mayor  de dos años  y con treinta a sesenta días - multa”.